🇵🇪 GOBIERNO PERUANO AÚN NO PUEDE HACER FRENTE A LA MINERÍA ILEGAL
La minería ilegal es un problema persistente en el Perú, pues a pesar de las acciones que se han llevado a cabo para erradicarla, la posición contradictoria del Gobierno hacia las partes legales e informales del área no aporta a la disminución de este problema, sobretodo en regiones como Madre de Dios, la cual es una de las más afectadas por esta actividad ilícita.
Según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, la producción de oro en Madre de Dios se redujo en 84% entre enero del 2019 y enero del 2022, esto gracias a la intervención de policías y militares iniciada en febrero de 2019 en la denominada “Operación Mercurio”, la cual tuvo como objetivo acabar con la minería ilegal en una de las principales regiones de extracción, La Pampa.
A pesar de esto, un estudio de la Unión Americana de Geofísica publicado en diciembre del 2021 demostró que lo conseguido en la operación no refleja la realidad en su totalidad, ya que aún se estarían abriendo nuevos centros de explotación de oro, por lo que los investigadores alertaron que la minería ilegal puede alcanzar niveles superiores a los existentes antes de la intervención, lo cual se debe en parte a la necesidad del Estado de priorizar los gastos referentes a la crisis sanitaria, señaló el exviceministro de Minas Augusto Cauti.
Esta minería se refleja en la demanda de combustibles líquidos, ya que, a pesar de que las cifras oficiales denotan una disminución en la actividad extractiva, el consumo per cápita mensual de este recurso incrementó en 34%, al pasar de 37 galones en el último trimestre del 2019 a 49 galones en el mismo período del 2021, resultando inconsistente el consumo del combustible en Madre De Dios con la evolución del PIB en la región, que aún están 18% por debajo de lo registrado antes de la pandemia.
Sumado a lo ya mencionado, la inoperabilidad del programa de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha propiciado la proliferación de esta actividad ilícita, y prueba de ello es que de los más de 90 mil mineros que comenzaron el proceso para formalizarse, solo el 2% lo habría completado, y las múltiples prórrogas aprobadas a la fecha de cierre del registro permiten que los mineros ilegales sean eximidos de procesos judiciales, señala un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por otro lado, el riesgo ambiental es sumamente grande, y prueba de ello es que del 2010 al 2019 se deforestaron 169 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios, un área equivalente a 206 mil campos de fútbol. Además, el Banco Central de Reserva señala que la contaminación de los ríos con mercurio atenta contra la actividad pesquera.
De igual manera, otra de las consecuencias negativas de la minería ilegal tiene que ver con la parte social, siendo algunos de estos la explotación laboral y sexual. Muestra de esto es que en 2018 Madre de Dios fue la tercera región con mayor número de denuncias por trata de personas, y en 2020 la tasa de violencia sexual a mujeres llegó a las 141 por cada 100 mil habitantes, casi el triple del promedio nacional (45,6).
Cauti recalca la necesidad de virar a una política transversal para poder atacar a la minería ilegal de manera efectiva, denotando lo contraproducente que resulta ser la extensión del plazo para la formalización, mencionando que la fiscalización del ingreso de insumos utilizados para la minería al país debe aumentar, al igual que las iniciativas de trazabilidad del oro.
La posición del Gobierno ante la minería formal es de igual manera poco fructífera, pues no llega a ser efectiva en lo que respecta a los problemas sociales ni para evitar la paralización de la producción de las principales operaciones mineras, además de la reforma a la tributación minera propuesta por el exministro Pedro Francke, las cuales han impactado en el retroceso de 8 puestos del Perú en el ránking 2021 de atracción para nuevas inversiones mineras.
Fuente: El Comercio
