Minería en Ecuador enfrenta desafío con nueva tasa de fiscalización
A partir del 1 de julio de 2025 entrará en vigencia una nueva tasa de fiscalización minera, según el cronograma establecido por el Ministerio de Energía. La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) ya trabaja en la definición de los mecanismos necesarios para su implementación. Esta medida busca fortalecer el control técnico, legal y ambiental sobre la actividad minera en el país y enfrentar con mayor eficacia la minería ilegal, una problemática que genera graves impactos sociales y ambientales.
La aplicación de la tasa será diferenciada según el tipo de minería —pequeña, mediana, gran escala o régimen general— y la fase en que se encuentre cada proyecto. La minería artesanal quedará exenta de este cobro. El cálculo se basará en un porcentaje del salario básico unificado (SBU) por hectárea concesionada, con valores que oscilarán entre el 3% y el 100% del SBU, dependiendo del tipo de operación y su etapa de desarrollo.
Para la pequeña minería, el pago será anual; mientras que para la mediana y gran minería, así como para las licencias de comercialización, el cobro será semestral. Arcom estima recaudar alrededor de 220 millones de dólares al año, recursos que se destinarán a fortalecer el sistema de fiscalización mediante la inversión en capacitación, tecnología, equipos de campo y logística.
No obstante, representantes del sector minero han manifestado su preocupación por la fórmula de cálculo. Según Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, en algunos casos el valor de la tasa podría superar los presupuestos operativos de empresas en etapa de exploración, afectando la competitividad del país frente a otras naciones de la región. Además, advirtió que mientras se proyecta una recaudación de 220 millones de dólares, la inversión extranjera directa en exploración minera durante 2024 apenas alcanzó los 67 millones, lo que representa una desproporción preocupante.
Ante este panorama, el gremio minero insiste en abrir un proceso de diálogo con el Gobierno para revisar la normativa y construir una propuesta justa y sostenible, que cuente con la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil, garantizando así el desarrollo responsable y con seguridad jurídica para la industria minera del país.
Fuente: Diario El Comercio
